Vaya por delante que no soy partidario de sancionar a ningún corredor que no se haya demostrado fehacientemente que es culpable de los hechos que se le imputan. Eso si, una vez que se haya probado su fraude, el castigo debe ser inminente y ejemplar.
La Operación Puerto ha sido una auténtica chapuza que debería sonrojar al país entero, sobre todo a la justicia. La mayoría de las acusaciones no se han podido probar pero los acusados han tenido que sufrir el peor de los castigos: la indefensión.
Tan sólo Ivan Basso y Michele Scarponi han sido sancionados por hechos probados o por haber reconocido su implicación en dicha operación. Ahora, parece que Alejandro Valverde también. De momento su sanción sólo esta en vigor en Italia, pero todo indica que más pronto que tarde se extenderá a todas las carreras del mundo. Y sería lo lógico. Es una auténtica incongruencia que un ciclista sea sancionado por dopage en un sólo país. Es ilógico y además crea una confusión tremenda. Si está demostrado que Valverde está implicado en la Operación Puerto, y parece evidente que Italia lo ha demostrado al cotejar las muestras de ADN recogidas en 2008 en una etapa del Tour de Francia a su paso por Italia y las muestras obtenidas desde el laboratorio de Barcelona con la sangre del ciclista murciano, debe ser sancionado bajo el mismo criterio que el resto. Si Basso, Scarponi o cualquier otro ciclista sancionado por doping no puede correr ninguna carrera, Valverde tampoco.
En justicia es habitual y necesario que instancias superiores ratifiquen o rectifiquen las sentencias de juzgados inferiores, pero la imagen de desunión, desorden, y la falta de criterio, concierto y claridad que se está dando en el caso Valverde deja un rastro de incertidumbre que poco ayuda a la credibilidad de la lucha contra el dopage y a las garantías de los ciclistas para ejercer su profesión.
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